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La pobreza energética se dispara

El número de españoles que pueden estar en riesgo de pobreza energética ha aumentado en dos millones en solo dos años. Es la conclusión más destacada que ofrece la segunda edición del estudio de referencia en España, editado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), que actualiza datos de 2010 a 2012. Según el principal indicador del informe —basado en la metodología instaurada por Reino Unido, país pionero en el análisis de este problema—, el porcentaje de hogares que tienen que destinar una cantidad desproporcionada de sus ingresos a pagar facturas de luz y gas subió en 2012 hasta el 16,6%, lo que supone unos siete millones de personas, frente al 12,4% registrado en 2010, equivalente a cinco millones. Esto se traduce en familias que pasan frío en invierno y calor en verano, viviendas con moho y humedad, cortes de suministro por impago (1,4 millones en 2012, más del doble que en 2006, según cálculos de este periódico), menos dinero para satisfacer otras necesidades básicas y, lo más grave, muertes prematuras en invierno. Hasta 7.200 fallecimientos podrían evitarse si se erradicara el problema, según el sistema de medición de la Organización Mundial de la Salud.

La culpa de este aumento la tienen sobre todo dos fenómenos paralelos: mientras los ingresos de los españoles se reducen por la crisis, el precio de la energía se dispara. La factura de la luz, principal responsable de este aumento, subió un 60% desde 2007, mientras las rentas bajaron un 8,5%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En consecuencia, los hogares deben dedicarle un porcentaje cada vez más alto de sus ingresos. De una media del 4,3% en 2007 se ha pasado al 6,5% en 2012. “Siguiendo la metodología británica, consideramos que el porcentaje empieza a ser desproporcionado cuando supera el 10%. Ahí es donde empieza el riesgo de pobreza energética porque pueden aparecer dificultades para cubrir ese gasto”, explica José Luis López, coordinador del estudio. “En este grupo podrían estar incluidas familias con altos ingresos que tienen mucho gasto energético, por lo que la cifra real de riesgo podría ser más baja, aunque no demasiado. Posiblemente en próximos análisis introduciremos algún parámetro de corrección para ser más exactos, pero en esta ocasión hemos querido mantener la metodología que usamos en la primera edición para ver la evolución”, aclara López.

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Para contrarrestar el margen de error, el informe de ACA introduce un segundo indicador basado en la encuesta de condiciones de vida del INE: el 9% de los hogares españoles declaraba en 2012 no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada, frente al 8% que lo hizo en 2010. “Aunque se trata de un parámetro subjetivo, tiene la ventaja de que sirve para comparar con el resto de Europa porque se trata de un estudio armonizado con las estadísticas de Eurostat”, aclara López. Si se traducen los porcentajes a cifras absolutas, España es el cuarto país dentro de la UE con mayor número de personas afectadas, por detrás de Italia, Reino Unido y Polonia. De los 54 millones que aseguraron sufrir este problema en la UE, más de cuatro millones vivían en España.

Cuando ACA publicó la primera edición de este estudio, en 2012, casi nadie hablaba de pobreza energética en España. Solo la organización catalana Ecoserveis había hecho algunas exploraciones en años anteriores, aunque no tan detalladas. Pero como no deja de crecer, el problema ha acabado emergiendo hasta convertirse en objeto de movilización social (con colectivos muy activos como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético o la Alianza contra la Pobreza Energética) y colarse de manera destacada en el debate político. En el último año se han presentado en el Congreso una moción (Izquierda Plural), dos proposiciones no de ley (Izquierda Plural y Grupo Mixto) y una proposición de ley (PSOE) con medidas para mitigar su incidencia, aunque todas han sido rechazadas por el PP, que tiene mayoría parlamentaria. Y la Defensora del Pueblo, además de advertir de la gravedad del problema en su memoria anual, ha pedido al Gobierno información transparente sobre el número y las causas de los cortes de luz.